Fallo judicial desestima acción popular y exhorta al Legislativo a aprobar ley de consulta previa.
Un juez en Colcha K, Potosí (Bolivia), ha desestimado la acción popular presentada por dirigentes de la Central Única de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) contra los dos contratos de litio firmados por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con empresas de China y Rusia. Esta decisión judicial es crucial para la industrialización del litio en el país, ya que deja sin efecto las medidas cautelares que habían suspendido la vigencia de dichos contratos. El fallo, sin embargo, aún está a la espera de la aprobación final por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que los acuerdos entren en plena vigencia y operaciones, según la normativa boliviana.
Adicionalmente, el juez ha emitido una exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que, de manera «urgente e inmediata», elabore y apruebe una ley general de consulta previa. Esta ley busca garantizar los derechos de las comunidades indígena originaria campesinas, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y la Constitución Política del Estado. Esta disposición subraya la importancia del consentimiento y la participación de las comunidades en proyectos de gran envergadura como la explotación del litio.
El recurso legal había sido presentado el 12 de mayo por la dirigencia de Cupconl en contra de YLB y las empresas Hong Kong CBC Investment Limited y Uranium One Group Joint-Stock Company. Los contratos en cuestión incluyen un acuerdo con la rusa Uranium One Group, firmado en septiembre de 2024, para producir 14,000 toneladas de carbonato de litio al año en el Salar de Uyuni con una inversión de más de US$ 970 millones. Posteriormente, en noviembre del mismo año, YLB suscribió otro contrato con la china Hong Kong CBC para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, con capacidades de 10,000 y 25,000 toneladas anuales respectivamente, y una inversión de US$ 1,030 millones.
