Bolivia Arriesga su Tesoro de Litio con Socios Chinos y Rusos en Medio de Crisis Hídrica y Política
Bolivia, poseedora de la mayor estimación de recursos de litio del mundo en el Salar de Uyuni (cerca de 21 millones de toneladas), ha optado por acelerar la industrialización de este mineral crucial mediante la asociación con empresas extranjeras, en particular el consorcio chino Hong Kong CBC y la rusa Uranium One Group. Estos contratos, que implican una inversión de más de 2.000 millones de dólares para la construcción de varias plantas de Extracción Directa de Litio (EDL), buscan que Bolivia finalmente se integre al mercado global antes de la fecha límite de 2030, cuando se prevé un auge en la demanda. Sin embargo, este proceso está sumido en una profunda controversia, con la Asamblea Legislativa y el sistema judicial boliviano frenando los acuerdos por la falta de transparencia y los cuestionamientos a la viabilidad técnica y ambiental.
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La controversia se centra en el modelo de negocio y el impacto ambiental. La estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) defiende que los contratos con CBC y Uranium One son de riesgo cero para el Estado, ya que las empresas asumen la inversión y solo recuperarán su capital y ganancia si hay producción exitosa. No obstante, las críticas señalan que el contrato con la firma china podría ser una deuda oculta, con condiciones financieras onerosas y el pago de servicios en especie (carbonato de litio), lo que comprometería la soberanía sobre el recurso. Aún más grave es la alarma ambiental: los estudios técnicos advierten que la extracción de litio, en colaboración con los socios rusos y chinos, podría consumir hasta 15 veces más agua de la que llueve en el delicado ecosistema del Salar de Uyuni, poniendo en riesgo la biodiversidad, las actividades económicas de las comunidades indígenas (como la ganadería camélida y la producción de quinua) y el turismo.
El destino de la industrialización del litio boliviano pende de un hilo judicial y político. Recientemente, una jueza dictaminó la suspensión de los contratos al exigir estudios ambientales integrales y la aplicación de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que habitan ancestralmente los salares. Estas comunidades se oponen a los proyectos por temor a la escasez de agua, un recurso vital que las empresas mineras de EDL requieren en grandes cantidades. El Gobierno de Bolivia se encuentra bajo presión para conciliar su necesidad de reactivación económica con la obligación de respetar los derechos de las comunidades y garantizar la sostenibilidad ambiental, mientras intenta desesperadamente «no perder el tren del litio» una vez más, tal como ocurrió con proyectos anteriores que terminaron en fracaso.
