Bolivia avanza en la explotación de tierras raras en la Amazonía, generando preocupación ambiental y social.
Bolivia está impulsando activamente la exploración de tierras raras en regiones de alta biodiversidad como la Chiquitania y la Amazonía norte. Esta iniciativa gubernamental avanza a pesar de las críticas generalizadas por la falta de consultas previas a las comunidades indígenas y los significativos riesgos ambientales que conlleva. El proyecto más avanzado se sitúa en el cerro Manomó, Santa Cruz, abarcando 12,000 hectáreas para la explotación de torio, niobio, cobalto y lantano, entre otros. El Ministerio de Minería también ha señalado que se está explorando Ayopaya, en Cochabamba, con 16,000 hectáreas adicionales.
Expertos han manifestado su preocupación por el impacto ambiental de estos proyectos. Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo, advirtió que la explotación en el cerro Manomó, «en medio de la selva amazónica», podría destruir un hábitat «muy frágil». Aunque las tierras raras son esenciales para la industria energética global, su extracción demanda grandes volúmenes de material y el uso de reactivos tóxicos, lo que representa una grave amenaza para ecosistemas tan sensibles. Miguel Vargas, director del Cejis, ha señalado que los proyectos están avanzando «sin la participación ni el consentimiento de las comunidades afectadas», lo que agrava la situación.
Además de la falta de consulta, la ausencia de permisos ambientales específicos para estos proyectos podría generar serias afectaciones al medio ambiente. Actualmente, Bolivia carece de una base de datos oficial sobre la presencia de tierras raras en territorios indígenas, pero un estudio de Cejis confirmó una superposición directa de mapas mineros con 58 territorios titulados. Vargas concluyó que Bolivia se encuentra en una encrucijada, debiendo elegir entre un modelo extractivo o un desarrollo que respete la autodeterminación de sus pueblos indígenas, un dilema que plantea profundas preguntas sobre el futuro del país y su Amazonía.
