Comunidades indígenas en Bolivia exigen frenar la «fiebre blanca» por falta de estudios ambientales
La carrera global por el litio ha encontrado un muro de resistencia en el corazón de Bolivia. Al cierre de 2025 e inicios de 2026, más de 14 comunidades indígenas de la región de Potosí y los alrededores del Salar de Uyuni se han alzado en una demanda histórica contra el Gobierno. Los pueblos originarios denuncian que la industrialización del «oro blanco», impulsada por convenios estratégicos con potencias como Rusia y China, se está ejecutando sin los estudios de impacto ambiental necesarios y sin respetar el derecho fundamental a la consulta previa, poniendo en riesgo el ecosistema más frágil del altiplano.
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La principal alarma que hoy es tendencia en foros internacionales de derechos humanos es la inminente crisis hídrica. La extracción de litio mediante tecnología de Extracción Directa (EDL) requiere volúmenes de agua masivos que, según los comuneros, superan hasta en 15 veces la capacidad de recarga de las lluvias anuales. Esta «sed de las baterías» amenaza con secar vegas y bofedales esenciales para la agricultura de subsistencia y la cría de camélidos, transformando territorios ancestrales en lo que los expertos ya denominan nuevas «zonas de sacrificio» en nombre de la transición energética global.
Este conflicto ha escalado al plano judicial y político, logrando que tribunales bolivianos suspendan temporalmente algunos contratos clave debido a la opacidad en sus cláusulas ambientales. Mientras el gobierno defiende estos proyectos como la única salida a la crisis económica nacional, las comunidades indígenas, respaldadas por redes internacionales de Perú, Chile y Argentina, han dejado claro que no permitirán un «ecocidio verde». El 2026 arranca con una tensión máxima: Bolivia posee las mayores reservas del planeta, pero la verdadera batalla no es tecnológica, sino por la supervivencia del agua y la dignidad de quienes habitan el salar.
