Una sesión caótica en el Congreso de Bolivia, con ataques al Ministro de Energía, expone el conflicto político por contratos de litio con China y Rusia, que opositores consideran desfavorables.
La tensión política en Bolivia por la explotación del litio escaló a niveles de violencia en la Cámara de Diputados, donde el Ministro de Energía, Alejandro Gallardo, fue rociado con agua y atacado con basura. El incidente ocurrió durante el debate de polémicos contratos de litio con empresas de China y Rusia, que representan inversiones de hasta 2,000 millones de dólares. Legisladores opositores y afines al expresidente Evo Morales interrumpieron la sesión, denunciando que los acuerdos son desventajosos para el Estado y exigiendo mayores beneficios para el país. En medio de empujones y gritos, la defensa de los contratos por parte del ministro fue inútil, reflejando la profunda división por el futuro de este recurso estratégico.
Los actos violentos no se limitaron al hemiciclo. Videos del incidente muestran forcejeos entre parlamentarios y el caos generalizado. La controversia también se ha extendido fuera del Congreso, con líderes cívicos de Potosí, la región con las mayores reservas de litio, sumándose a la protesta. La diputada Lissa Claros advirtió que, si el gobierno insiste en lo que considera un «proceso ilegal e inconstitucional», la población se movilizará. Las críticas se centran en la falta de transparencia y la nula participación de las comunidades locales en la toma de decisiones, alimentando el temor de que los beneficios económicos no lleguen a la gente y que, en cambio, se generen daños ambientales irreversibles.
Los manifestantes y opositores, representados por figuras como el presidente del Comité Cívico de Potosí, Alberto Pérez Ramos, exigen un modelo de explotación que garantice condiciones de vida dignas para las comunidades de la zona. Su principal temor es que los contratos prioricen el lucro de las empresas extranjeras y los intereses del gobierno de turno, dejando a un lado el bienestar de la población y la protección del medio ambiente. La confrontación en torno a los contratos de litio pone de manifiesto la creciente polarización en Bolivia, donde los recursos naturales siguen siendo el principal foco de un tenso debate sobre desarrollo, soberanía y justicia social.
