El 66% de la electricidad boliviana proviene de gas natural, mientras el recurso se agota, impactando exportaciones y divisas.
Bolivia se enfrenta a una creciente dependencia del gas natural para su matriz eléctrica, a pesar de que este recurso comienza a escasear. Actualmente, un preocupante 66% de la generación eléctrica del país proviene de termoeléctricas que consumen gas, aportando más de 1.080 megavatios en horas pico. En contraste, la energía hidroeléctrica apenas suma 449 megavatios y las fuentes renovables como solar, eólica o biomasa contribuyen con un mínimo 7%. Este modelo de alta dependencia del gas está generando un riesgo no solo técnico, sino también económico, lo que debería ser una señal de alerta para países vecinos como Perú, dada su interconexión energética.
Por primera vez en la historia de Bolivia, el consumo doméstico de gas natural ha superado a las exportaciones. De los 12.72 millones de metros cúbicos diarios utilizados internamente, 8 millones se destinan exclusivamente a la generación de electricidad. Esta situación ha provocado una drástica disminución en los ingresos por exportaciones de gas, afectando directamente la capacidad del país para importar combustibles esenciales como gasolina y diésel, lo que podría desencadenar una crisis de divisas y desabastecimiento en el mercado interno.
Las proyecciones futuras son aún más alarmantes. La Fundación Jubileo advierte que Bolivia podría verse obligada a importar gas a partir del año 2028 si no logra descubrir y desarrollar nuevos megacampos. Expertos, como el analista en hidrocarburos Raúl Velásquez, señalan que la caída productiva se inició entre 2015 y 2016, pero no fue abordada con la urgencia necesaria, priorizando agendas políticas sobre las económicas. Además, la diferencia de precios entre el gas exportado (US$ 7 por millón de BTUs) y el destinado al mercado interno (US$ 1,30) agrava la afectación de los ingresos por regalías. Ante este escenario crítico, la Fundación Jubileo propone reformas estructurales urgentes: reducir el gasto público, sincerar el tipo de cambio y reestructurar los subsidios a los combustibles para evitar un colapso energético y económico.