Salta se Convierte en el Epicentro Global del ‘Oro Blanco’ con Inversión Multimillonaria
Argentina ha cimentado su posición como un pilar en la cadena de suministro de vehículos eléctricos, con la provincia de Salta emergiendo como el corazón del litio en el país. En un movimiento audaz y contracíclico, la gigante minera global Rio Tinto anunció una inversión masiva de US$ 2.500 millones en la construcción de una planta en el salar Rincón, en la Puna salteña. Esta inyección de capital transformará el proyecto Rincón Litio en la planta de producción de carbonato de litio grado batería más grande de Argentina, con el objetivo de alcanzar una capacidad total de 60.000 toneladas anuales. Esta decisión impactante, en un momento en que los precios internacionales del litio han experimentado una baja, refleja una visión de largo plazo que anticipa un aumento exponencial en la demanda global del mineral.
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La apuesta de Rio Tinto se basa en la convicción de que la minería es una inversión a 40 años y que el actual es «el mejor momento para invertir» en un proceso contracíclico. Este mega proyecto, junto con otros desarrollos en la Puna de Atacama (que Salta comparte con Jujuy y Catamarca), consolida a la región como parte fundamental del «Triángulo del Litio» sudamericano. La iniciativa también ha sido impulsada por marcos regulatorios nacionales como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ha brindado la certeza jurídica necesaria para concretar operaciones de esta magnitud. El impacto económico proyectado es monumental, con una generación significativa de empleo y el fortalecimiento de la posición de Argentina en el mercado global de recursos estratégicos.
Sin embargo, el rápido avance de la «fiebre del litio» en la Puna no está exento de desafíos críticos. Los proyectos extractivos se desarrollan en territorios habitados ancestralmente por comunidades indígenas, principalmente Kolla y Atacama, quienes dependen de la escasa sal y el agua de los salares para su subsistencia. Esto ha generado una intensa disputa territorial y un «viejo conflicto» entre las empresas multinacionales y los pueblos originarios, que temen la amenaza de salinización del agua dulce y la destrucción de sus formas de vida. La minera, consciente de la tensión, ha tenido que defender su proyecto en audiencias públicas, prometiendo empleo y el cumplimiento de rigurosos estudios de impacto ambiental ante las comunidades locales, cuyo consentimiento social es fundamental para la sostenibilidad de estas operaciones.
