Josemaría: El Mega-Proyecto que Disparará la Economía Argentina
El proyecto minero Josemaría se posiciona como el motor económico más importante de Argentina en el corto plazo, especialmente para la provincia de San Juan. Con una inversión total de aproximadamente US$4,000 millones y proyecciones de exportar cerca de US$1,150 millones anuales, este yacimiento de cobre, oro y plata no solo es el emprendimiento cuprífero más avanzado del país, sino que se espera que inicie producción en 2026. Su impacto será tan significativo que, según autoridades del sector, elevará la minería desde el sexto al cuarto complejo exportador más grande de Argentina. Esto responde directamente a la creciente demanda mundial de cobre, un metal clave para la transición energética, la fabricación de autos eléctricos y la tecnología de energía limpia.
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La magnitud del proyecto se ha ampliado aún más recientemente, con la empresa actualizando su Informe de Impacto Ambiental (IIA) para extender la vida útil del yacimiento de 19 a 25 años gracias al descubrimiento de mayores recursos explotables y una ley de corte mejorada. Esta expansión estratégica, en un contexto donde el gobierno impulsa el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), reafirma la confianza de los inversionistas extranjeros. De hecho, el proyecto es parte de una nueva joint venture (empresa conjunta) que busca integrar los recursos de Josemaría con el proyecto vecino Filo del Sol, bajo un plan de desarrollo que podría convertir a la zona en una de las mayores productoras de cobre del mundo.
Sin embargo, el avance del mega-proyecto Josemaría no está exento de controversia. A pesar de los esfuerzos por destacar el uso de sistemas de agua subterránea y el cumplimiento de estándares ambientales, las comunidades y asambleas socioambientales expresan una profunda preocupación por el uso de recursos hídricos en la escasa región cordillerana (con un consumo proyectado de 270 millones de litros de agua por día), la amenaza a glaciares y el costo de las obras de infraestructura, como la línea de alta tensión, que serían cubiertos por el Estado. La promesa de miles de empleos directos e indirectos y el desarrollo regional deben ser equilibradas con el mandato de garantizar la sostenibilidad ambiental y la licencia social plena en una provincia que busca consolidarse como un polo minero global.
