Yamana tiene participación mayoritaria en el Proyecto Integrado Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA), en la provincia de Catamarca, un emprendimiento que acaba de reiniciar su fase de exploración que le permitirá recoger datos para un nuevo estudio de impacto ambiental, previo a la explotación de un yacimiento polimineral de cobre, oro, plata y molibdeno.
El proyecto, que este año terminará el estudio de factibilidad y que de prosperar podría entrar en producción a fines de 2026, fue centro de protestas e incidentes a mediados de abril, que culminaron con la vandalización de las oficinas de la empresa en la ciudad catamarqueña de Andalgalá tras el reinicio de actividades avalado por la Corte Suprema de Justicia provincial.
«Debemos trabajar mucho más en transparencia, en comunicación, con una mecánica que a veces no parece suficiente», afirmó Bareta en una entrevista con Télam al analizar el contexto del desarrollo minero que demandará una inversión de US$ 2.300 millones durante su etapa de construcción.
El proyecto Agua Rica tuvo sucesivos retrasos desde la década del 90, momento desde el cual su titularidad paso por las manos de tres operadores que no pudieron sobrellevar las fluctuaciones de precios de los metales, las preocupaciones ambientales judicializadas y la resistencia que generó por parte de grupos antimineros.
Para el directivo de Yamana, el marco de la discusión lo establece la Ley General de Ambiente de la Nación, con las instancias de participación ciudadana de la provincia que «se vienen realizando desde distintas plataformas para que la ciudadanía puede acceder a la información y complementar su visión sobre preocupaciones validas para la minería».
«La exploración avanzada busca un nuevo diseño a través del programa que permitirá reunir este año la información faltante en lo geológico y de biodiversidad para ver cómo integrar el cuerpo mineralizado de Agua Rica con la infraestructura de La Alumbrera a 30 kilómetros de distancia», explicó.
«La minería metalífera es una de las salidas legitimas que tiene la Argentina para su reconstrucción, basada en los recursos que tiene y sustentablemente manejados» (A)Nicolás Bareta(S)
La propuesta que Yamana espera ofrecer permitiría «reducir el impacto ambiental al utilizar infraestructura y áreas ya impactadas, además de sumar el trabajo con energías renovables, y diseñar mayores programas operativos de manejo del agua para reducir cualquier preocupación», explicó Bareta al aseverar que «todo proyecto de desarrollo debe tener en cuenta la mecánica sustentable de proteger el ambiente».
Sobre el contexto en que se desenvolverá el debate por el futuro de MARA, destacó que «la minería metalífera es una de las salidas legitimas que tiene la Argentina para su reconstrucción, basada en los recursos que tiene y sustentablemente manejados».
«Pero también hay que destacar cuánto va a contratar y comprar localmente, cómo va a participar la comunidad de los controles ambientales, y entender cómo se van a reingresar y repatriar los fondos para seguir explorando y hacer la vida de esa mina mas grande, con impacto transformador de las comunidades», explicó.
Desde una perspectiva macroeconómica, Bareta resaltó «la ayuda de los precios internacionales de los metales en un ciclo positivo, y el trabajo que se está dando la Argentina en potenciar otros factores que brinden mayor competitividad con un marco impositivo progresivo que signifique poder recuperar la inversión en el periodo de repago entre 5 y 6 años».
«A partir de ese momento -continuó- se podrá trabajar en esquemas que hasta incluso superen la recaudación que establecen las normas hoy para recaudar mas cuando la mina gana mas y permitir que se recupere y mantenga la fuente de trabajo cuando los precios bajan como ocurre en Canadá Chile o Perú».
La Argentina a través de la Mesa Nacional Minera que culminó el viernes -en el que se elabora el Plan de Desarrollo de la Minería Argentia- está «dando una discusión amplia sobre la necesidad de que se pueda recuperar la inversión, el acceso a los mercados internacionales, la asociatividad de la cadena de valor y que se respeten reglas básicas durante los tiempos de la minería que son largos», dijo el directivo.
Al argumentar esa posición, señaló que casi el 90% de toda la cadena de valor queda en el país: «salarios, proveedores, transporte, materiales, control de calidad, impuestos nacionales, provinciales, los cánones por el uso de agua en proyectos que son de interés público por el trabajo que genera en economías regionales, el ingreso de divisas, y la mejora en la balanza de pagos con commodities que demanda el mundo».
Para el ejecutivo de Yamana, la industria tiene «demostrada su capacidad de ingreso fiscal y parafiscal, donde en término de impuesto a las ganancias, retenciones, regalías e ingresos brutos locales y aportes a distintos entes locales» y que en el caso de MARA «puede dar entre un 20 y 30% más en dólares históricos de lo que generó Alumbrera, es decir unos ingresos totales a los distintos fiscos de más de US$ 1.100 millones durante 30 años».
«Pero si le sumamos el compromiso de tener la mayoría de empleados locales,dejar la mayor cantidad de valor en producto regional se puede multiplicar por 5 o 6 el valor de los ingresos en términos de inyección directa a la economía local», proyectó Bareta.
Crédito: Enlace fuente
Yamana tiene participación mayoritaria en el Proyecto Integrado Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA), en la provincia de Catamarca, un emprendimiento que acaba de reiniciar su fase de exploración que le permitirá recoger datos para un nuevo estudio de impacto ambiental, previo a la explotación de un yacimiento polimineral de cobre, oro, plata y molibdeno.
El proyecto, que este año terminará el estudio de factibilidad y que de prosperar podría entrar en producción a fines de 2026, fue centro de protestas e incidentes a mediados de abril, que culminaron con la vandalización de las oficinas de la empresa en la ciudad catamarqueña de Andalgalá tras el reinicio de actividades avalado por la Corte Suprema de Justicia provincial.
«Debemos trabajar mucho más en transparencia, en comunicación, con una mecánica que a veces no parece suficiente», afirmó Bareta en una entrevista con Télam al analizar el contexto del desarrollo minero que demandará una inversión de US$ 2.300 millones durante su etapa de construcción.
El proyecto Agua Rica tuvo sucesivos retrasos desde la década del 90, momento desde el cual su titularidad paso por las manos de tres operadores que no pudieron sobrellevar las fluctuaciones de precios de los metales, las preocupaciones ambientales judicializadas y la resistencia que generó por parte de grupos antimineros.
Para el directivo de Yamana, el marco de la discusión lo establece la Ley General de Ambiente de la Nación, con las instancias de participación ciudadana de la provincia que «se vienen realizando desde distintas plataformas para que la ciudadanía puede acceder a la información y complementar su visión sobre preocupaciones validas para la minería».
«La exploración avanzada busca un nuevo diseño a través del programa que permitirá reunir este año la información faltante en lo geológico y de biodiversidad para ver cómo integrar el cuerpo mineralizado de Agua Rica con la infraestructura de La Alumbrera a 30 kilómetros de distancia», explicó.
«La minería metalífera es una de las salidas legitimas que tiene la Argentina para su reconstrucción, basada en los recursos que tiene y sustentablemente manejados» (A)Nicolás Bareta(S)
La propuesta que Yamana espera ofrecer permitiría «reducir el impacto ambiental al utilizar infraestructura y áreas ya impactadas, además de sumar el trabajo con energías renovables, y diseñar mayores programas operativos de manejo del agua para reducir cualquier preocupación», explicó Bareta al aseverar que «todo proyecto de desarrollo debe tener en cuenta la mecánica sustentable de proteger el ambiente».
Sobre el contexto en que se desenvolverá el debate por el futuro de MARA, destacó que «la minería metalífera es una de las salidas legitimas que tiene la Argentina para su reconstrucción, basada en los recursos que tiene y sustentablemente manejados».
«Pero también hay que destacar cuánto va a contratar y comprar localmente, cómo va a participar la comunidad de los controles ambientales, y entender cómo se van a reingresar y repatriar los fondos para seguir explorando y hacer la vida de esa mina mas grande, con impacto transformador de las comunidades», explicó.
Desde una perspectiva macroeconómica, Bareta resaltó «la ayuda de los precios internacionales de los metales en un ciclo positivo, y el trabajo que se está dando la Argentina en potenciar otros factores que brinden mayor competitividad con un marco impositivo progresivo que signifique poder recuperar la inversión en el periodo de repago entre 5 y 6 años».
«A partir de ese momento -continuó- se podrá trabajar en esquemas que hasta incluso superen la recaudación que establecen las normas hoy para recaudar mas cuando la mina gana mas y permitir que se recupere y mantenga la fuente de trabajo cuando los precios bajan como ocurre en Canadá Chile o Perú».
La Argentina a través de la Mesa Nacional Minera que culminó el viernes -en el que se elabora el Plan de Desarrollo de la Minería Argentia- está «dando una discusión amplia sobre la necesidad de que se pueda recuperar la inversión, el acceso a los mercados internacionales, la asociatividad de la cadena de valor y que se respeten reglas básicas durante los tiempos de la minería que son largos», dijo el directivo.
Al argumentar esa posición, señaló que casi el 90% de toda la cadena de valor queda en el país: «salarios, proveedores, transporte, materiales, control de calidad, impuestos nacionales, provinciales, los cánones por el uso de agua en proyectos que son de interés público por el trabajo que genera en economías regionales, el ingreso de divisas, y la mejora en la balanza de pagos con commodities que demanda el mundo».
Para el ejecutivo de Yamana, la industria tiene «demostrada su capacidad de ingreso fiscal y parafiscal, donde en término de impuesto a las ganancias, retenciones, regalías e ingresos brutos locales y aportes a distintos entes locales» y que en el caso de MARA «puede dar entre un 20 y 30% más en dólares históricos de lo que generó Alumbrera, es decir unos ingresos totales a los distintos fiscos de más de US$ 1.100 millones durante 30 años».
«Pero si le sumamos el compromiso de tener la mayoría de empleados locales,dejar la mayor cantidad de valor en producto regional se puede multiplicar por 5 o 6 el valor de los ingresos en términos de inyección directa a la economía local», proyectó Bareta.
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Yamana tiene participación mayoritaria en el Proyecto Integrado Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA), en la provincia de Catamarca, un emprendimiento que acaba de reiniciar su fase de exploración que le permitirá recoger datos para un nuevo estudio de impacto ambiental, previo a la explotación de un yacimiento polimineral de cobre, oro, plata y molibdeno.
El proyecto, que este año terminará el estudio de factibilidad y que de prosperar podría entrar en producción a fines de 2026, fue centro de protestas e incidentes a mediados de abril, que culminaron con la vandalización de las oficinas de la empresa en la ciudad catamarqueña de Andalgalá tras el reinicio de actividades avalado por la Corte Suprema de Justicia provincial.
«Debemos trabajar mucho más en transparencia, en comunicación, con una mecánica que a veces no parece suficiente», afirmó Bareta en una entrevista con Télam al analizar el contexto del desarrollo minero que demandará una inversión de US$ 2.300 millones durante su etapa de construcción.
El proyecto Agua Rica tuvo sucesivos retrasos desde la década del 90, momento desde el cual su titularidad paso por las manos de tres operadores que no pudieron sobrellevar las fluctuaciones de precios de los metales, las preocupaciones ambientales judicializadas y la resistencia que generó por parte de grupos antimineros.
Para el directivo de Yamana, el marco de la discusión lo establece la Ley General de Ambiente de la Nación, con las instancias de participación ciudadana de la provincia que «se vienen realizando desde distintas plataformas para que la ciudadanía puede acceder a la información y complementar su visión sobre preocupaciones validas para la minería».
«La exploración avanzada busca un nuevo diseño a través del programa que permitirá reunir este año la información faltante en lo geológico y de biodiversidad para ver cómo integrar el cuerpo mineralizado de Agua Rica con la infraestructura de La Alumbrera a 30 kilómetros de distancia», explicó.
«La minería metalífera es una de las salidas legitimas que tiene la Argentina para su reconstrucción, basada en los recursos que tiene y sustentablemente manejados» (A)Nicolás Bareta(S)
La propuesta que Yamana espera ofrecer permitiría «reducir el impacto ambiental al utilizar infraestructura y áreas ya impactadas, además de sumar el trabajo con energías renovables, y diseñar mayores programas operativos de manejo del agua para reducir cualquier preocupación», explicó Bareta al aseverar que «todo proyecto de desarrollo debe tener en cuenta la mecánica sustentable de proteger el ambiente».
Sobre el contexto en que se desenvolverá el debate por el futuro de MARA, destacó que «la minería metalífera es una de las salidas legitimas que tiene la Argentina para su reconstrucción, basada en los recursos que tiene y sustentablemente manejados».
«Pero también hay que destacar cuánto va a contratar y comprar localmente, cómo va a participar la comunidad de los controles ambientales, y entender cómo se van a reingresar y repatriar los fondos para seguir explorando y hacer la vida de esa mina mas grande, con impacto transformador de las comunidades», explicó.
Desde una perspectiva macroeconómica, Bareta resaltó «la ayuda de los precios internacionales de los metales en un ciclo positivo, y el trabajo que se está dando la Argentina en potenciar otros factores que brinden mayor competitividad con un marco impositivo progresivo que signifique poder recuperar la inversión en el periodo de repago entre 5 y 6 años».
«A partir de ese momento -continuó- se podrá trabajar en esquemas que hasta incluso superen la recaudación que establecen las normas hoy para recaudar mas cuando la mina gana mas y permitir que se recupere y mantenga la fuente de trabajo cuando los precios bajan como ocurre en Canadá Chile o Perú».
La Argentina a través de la Mesa Nacional Minera que culminó el viernes -en el que se elabora el Plan de Desarrollo de la Minería Argentia- está «dando una discusión amplia sobre la necesidad de que se pueda recuperar la inversión, el acceso a los mercados internacionales, la asociatividad de la cadena de valor y que se respeten reglas básicas durante los tiempos de la minería que son largos», dijo el directivo.
Al argumentar esa posición, señaló que casi el 90% de toda la cadena de valor queda en el país: «salarios, proveedores, transporte, materiales, control de calidad, impuestos nacionales, provinciales, los cánones por el uso de agua en proyectos que son de interés público por el trabajo que genera en economías regionales, el ingreso de divisas, y la mejora en la balanza de pagos con commodities que demanda el mundo».
Para el ejecutivo de Yamana, la industria tiene «demostrada su capacidad de ingreso fiscal y parafiscal, donde en término de impuesto a las ganancias, retenciones, regalías e ingresos brutos locales y aportes a distintos entes locales» y que en el caso de MARA «puede dar entre un 20 y 30% más en dólares históricos de lo que generó Alumbrera, es decir unos ingresos totales a los distintos fiscos de más de US$ 1.100 millones durante 30 años».
«Pero si le sumamos el compromiso de tener la mayoría de empleados locales,dejar la mayor cantidad de valor en producto regional se puede multiplicar por 5 o 6 el valor de los ingresos en términos de inyección directa a la economía local», proyectó Bareta.
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Yamana tiene participación mayoritaria en el Proyecto Integrado Minera Agua Rica – Alumbrera (MARA), en la provincia de Catamarca, un emprendimiento que acaba de reiniciar su fase de exploración que le permitirá recoger datos para un nuevo estudio de impacto ambiental, previo a la explotación de un yacimiento polimineral de cobre, oro, plata y molibdeno.
El proyecto, que este año terminará el estudio de factibilidad y que de prosperar podría entrar en producción a fines de 2026, fue centro de protestas e incidentes a mediados de abril, que culminaron con la vandalización de las oficinas de la empresa en la ciudad catamarqueña de Andalgalá tras el reinicio de actividades avalado por la Corte Suprema de Justicia provincial.
«Debemos trabajar mucho más en transparencia, en comunicación, con una mecánica que a veces no parece suficiente», afirmó Bareta en una entrevista con Télam al analizar el contexto del desarrollo minero que demandará una inversión de US$ 2.300 millones durante su etapa de construcción.
El proyecto Agua Rica tuvo sucesivos retrasos desde la década del 90, momento desde el cual su titularidad paso por las manos de tres operadores que no pudieron sobrellevar las fluctuaciones de precios de los metales, las preocupaciones ambientales judicializadas y la resistencia que generó por parte de grupos antimineros.
Para el directivo de Yamana, el marco de la discusión lo establece la Ley General de Ambiente de la Nación, con las instancias de participación ciudadana de la provincia que «se vienen realizando desde distintas plataformas para que la ciudadanía puede acceder a la información y complementar su visión sobre preocupaciones validas para la minería».
«La exploración avanzada busca un nuevo diseño a través del programa que permitirá reunir este año la información faltante en lo geológico y de biodiversidad para ver cómo integrar el cuerpo mineralizado de Agua Rica con la infraestructura de La Alumbrera a 30 kilómetros de distancia», explicó.
«La minería metalífera es una de las salidas legitimas que tiene la Argentina para su reconstrucción, basada en los recursos que tiene y sustentablemente manejados» (A)Nicolás Bareta(S)
La propuesta que Yamana espera ofrecer permitiría «reducir el impacto ambiental al utilizar infraestructura y áreas ya impactadas, además de sumar el trabajo con energías renovables, y diseñar mayores programas operativos de manejo del agua para reducir cualquier preocupación», explicó Bareta al aseverar que «todo proyecto de desarrollo debe tener en cuenta la mecánica sustentable de proteger el ambiente».
Sobre el contexto en que se desenvolverá el debate por el futuro de MARA, destacó que «la minería metalífera es una de las salidas legitimas que tiene la Argentina para su reconstrucción, basada en los recursos que tiene y sustentablemente manejados».
«Pero también hay que destacar cuánto va a contratar y comprar localmente, cómo va a participar la comunidad de los controles ambientales, y entender cómo se van a reingresar y repatriar los fondos para seguir explorando y hacer la vida de esa mina mas grande, con impacto transformador de las comunidades», explicó.
Desde una perspectiva macroeconómica, Bareta resaltó «la ayuda de los precios internacionales de los metales en un ciclo positivo, y el trabajo que se está dando la Argentina en potenciar otros factores que brinden mayor competitividad con un marco impositivo progresivo que signifique poder recuperar la inversión en el periodo de repago entre 5 y 6 años».
«A partir de ese momento -continuó- se podrá trabajar en esquemas que hasta incluso superen la recaudación que establecen las normas hoy para recaudar mas cuando la mina gana mas y permitir que se recupere y mantenga la fuente de trabajo cuando los precios bajan como ocurre en Canadá Chile o Perú».
La Argentina a través de la Mesa Nacional Minera que culminó el viernes -en el que se elabora el Plan de Desarrollo de la Minería Argentia- está «dando una discusión amplia sobre la necesidad de que se pueda recuperar la inversión, el acceso a los mercados internacionales, la asociatividad de la cadena de valor y que se respeten reglas básicas durante los tiempos de la minería que son largos», dijo el directivo.
Al argumentar esa posición, señaló que casi el 90% de toda la cadena de valor queda en el país: «salarios, proveedores, transporte, materiales, control de calidad, impuestos nacionales, provinciales, los cánones por el uso de agua en proyectos que son de interés público por el trabajo que genera en economías regionales, el ingreso de divisas, y la mejora en la balanza de pagos con commodities que demanda el mundo».
Para el ejecutivo de Yamana, la industria tiene «demostrada su capacidad de ingreso fiscal y parafiscal, donde en término de impuesto a las ganancias, retenciones, regalías e ingresos brutos locales y aportes a distintos entes locales» y que en el caso de MARA «puede dar entre un 20 y 30% más en dólares históricos de lo que generó Alumbrera, es decir unos ingresos totales a los distintos fiscos de más de US$ 1.100 millones durante 30 años».
«Pero si le sumamos el compromiso de tener la mayoría de empleados locales,dejar la mayor cantidad de valor en producto regional se puede multiplicar por 5 o 6 el valor de los ingresos en términos de inyección directa a la economía local», proyectó Bareta.
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