La empresa minera canadiense First Majestic, que solicitó la intervención del Banco Mundial (BM) en una disputa contra México, reiteró este miércoles que el Gobierno mexicano «ha ignorado sus obligaciones» internacionales.
First Majestic explicó que el Ejecutivo le ha solicitado 132,1 millones de dólares en impuestos atrasados de 2013, lo que, a su juicio, «supera con mucho los ingresos netos anuales auditados antes de impuestos» de Primero Empresa Minera (PEM), propietaria de la mina de San Dimas y adquirida por la empresa canadiense en 2018.
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«La mayor parte de la valoración fiscal está relacionada con ajustes de inflación y multas punitivas discrecionales, intereses y sobrecargos, que de nuevo superan con mucho los ingresos de PEM», añadió First Majestic en un comunicado.
La empresa canadiense, que opera en México las minas San Dimas, Santa Elena y la Encantada para la producción de plata y oro, dijo que se ha visto obligada a responder a «varios artículos erróneos en los medios de comunicación mexicano que han sido publicados recientemente».
First Majestic solicitó el pasado 2 de marzo la intervención del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para resolver la disputa que mantiene con el Gobierno de México por el pago de impuestos.
El año pasado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México aprobó la terminación de un acuerdo que permitía a la empresa minera pagar impuestos a una tasa inferior.
Según First Majestic, en 2012 PEM, que por aquel entonces era propiedad de otra empresa, llegó a un acuerdo con el Gobierno mexicano por el que los impuestos a pagar serían calculados sobre la base de los ingresos reales y no los precios de mercado.
Sin embargo, el Ejecutivo mexicano ha emitido tasaciones fiscales para los años 2010, 2011 y 2012 para PEM sobre los precios de mercado, lo que ha multiplicado los ingresos sujetos a imposición fiscal.
Los abogados de First Majestic han señalado que el acuerdo impositivo de PEM solo puede ser anulado por la Suprema Corte de Justicia de México y no por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México.
Ante «la negativa» del Gobierno de México de «establecer negociaciones en buena fe» para resolver la disputa fiscal, First Majestic ha decidido recurrir al Capítulo 11 del TLCAN para que CIADI cree un panel de arbitraje que decida sobre la disputa.
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