La renuncia a la operación minera en Colombia de la empresa Prodeco, filial de la multinacional suiza Glencore, no era un asunto nuevo para el Gobierno Nacional.
En septiembre pasado el presidente de la República, Iván Duque, recibió una carta de Ivan Glasenberg, director de la multinacional europea Glencore, en la que le comunicó de manera oficial la dimisión a sus contratos en Colombia, los cuales ascendieron a la suma de US$3.000 millones en los departamentos de Cesar y Magdalena.
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En su momento, la noticia fue difundida por el diario El Pilón, de Valledupar, en la que resalta que la misiva subraya que la salida de la empresa minera era segura si no había apoyo por parte del Gobierno Nacional.
Además, en la misiva -referenciada por el citado medio de comunicación-, la multinacional suiza, (que tiene el 33,3% del complejo carbonífero de Cerrejón), le deja en claro al Ejecutivo, que su operación no era viable desde el punto de vista financiero, y que derivó en la suspensión de todas las tareas, situación que no podía sostenerse durante el tiempo que duraran los trámites administrativos, ambientales y judiciales, sin contar con los trabajos de mantenimiento de equipos, y de acuerdos de trabajo con los colaboradores.
En otro de los apartes de la carta, Prodeco no solo describió de manera detallada todo el desarrollo de su operación, al punto de llegar a convertirse en el tercer productor de carbón del país, gracias a su tarea en las minas Calenturitas y La Jagua, y la administración en la concesión portuaria de Puerto Nuevo en Ciénaga (Magdalena).
De igual manera, señaló (como lo hizo en su comunicado de la semana pasada) las inversiones realizadas por valor de US$3 billones, que le permitió la generación de 7.000 empleos, al pago de impuestos y regalías por más de US$2.4 billones.
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