Una coalición de ONG ambientalistas y de derechos humanos liderada por la Global Legal Action Network (GLAN) exigen ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el cierre del proyecto de carbón Cerrejón en Colombia, que es propiedad de Anglo American, BHP y Glencore.
Esta semana, los activistas presentaron denuncias simultáneas ante los Puntos de Contacto Nacionales de la OCDE en Australia, Irlanda, Suiza y el Reino Unido, alegando “graves abusos contra los derechos humanos y devastadora contaminación ambiental” en Cerrejón.
Según GLAN, las denuncias señalan cómo Cerrejón está vinculado al desplazamiento forzado de comunidades indígenas y afrocolombianas, la contaminación del aire y el agua en las cercanías de la mina, y las altas tasas de cáncer e intoxicación por metales entre las personas de las comunidades aledañas.
Cerrejón es un complejo integrado de minería y transporte en la provincia colombiana de La Guajira, en el noreste del país, que incluye una mina a cielo abierto, una vía férrea de 150 kilómetros y un puerto caribeño. En 2020, la mina produjo 12,4 millones de toneladas de carbón, casi un 50% menos que la producción que registró el año anterior.
Pero las ONG que presionan contra la mina quieren que la producción sea cero.
“De tener éxito, las tres empresas que poseen en conjunto la mina Cerrejón deberán tomar medidas para cumplir con las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, incluido el cierre progresivo de la mina en su totalidad y la restauración ambiental”, dijo GLAN en un comunicado de prensa. “Las denuncias contra los gigantes mineros también piden la compensación total de las comunidades por los daños que han sufrido”.
Los activistas también presentaron denuncias por separado contra Coal Marketing Company con sede en Dublín, que es el comercializador exclusivo de carbón de la mina colombiana, así como contra la Junta de Suministro de Electricidad de Irlanda, que ha sido un importante comprador del carbón de la mina.
En respuesta a estas acciones, Cerrejón emitió un comunicado en el que decía que las ONG no se relacionaron con los dueños de la mina antes de presentar sus denuncias ante los PNC y, por lo tanto, aún no se ha preparado una respuesta formal.
“Una vez que estemos al tanto de todos los detalles de sus preocupaciones, responderemos en detalle”, se lee en el comunicado. “Cerrejón se compromete a operar de conformidad con la legislación y los fallos judiciales colombianos, así como con los lineamientos internacionales pertinentes que rigen los derechos humanos y ambientales”.
BHP, Anglo American y Glencore enfatizaron que Cerrejón está en contacto regular con las comunidades cercanas a la mina y que sus programas de consulta y participación van más allá de los requisitos establecidos en la ley colombiana.
“Tenemos una gran cantidad de compromisos establecidos, acordados con las propias comunidades, para abordar los problemas del legado de una manera que esté en línea con los estándares internacionales actuales y que también busque responder a las expectativas de la comunidad para el futuro”, afirma el informe de prensa. . “Dada la cantidad de comunidades y las complejidades sociales de la región, esto implica responder a voces que no siempre están unidas en perspectivas”.
Según Cerrejón, a lo largo de sus 30 años de operación, la mina ha ido adoptando continuamente estándares sociales, ambientales y de derechos humanos a medida que evolucionan, siguiendo las mejores prácticas internacionales.
“[Así] Cerrejón está listo para involucrarse con los Puntos de Contacto Nacionales y brindar toda la información requerida”, se lee en el comunicado corporativo. “Los alentamos encarecidamente a que visiten la mina en La Guajira, cuando sea posible, considerando la pandemia global actual, para ver la operación de primera mano y comprender el contexto y los desafíos que enfrenta”.
