El Gobierno argentino publicó el lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial el Decreto 1366/2026, que modifica la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobada por el Decreto 749/2024. El cambio de mayor alcance para la minería está en la definición de proveedor local.
A partir de ahora entran en esa categoría los individuos que tributan en Argentina y las compañías creadas y radicadas en territorio argentino que abastezcan de bienes o servicios a proyectos adheridos al régimen, sin que cuente la nacionalidad de los socios ni cómo se reparte el capital. La regla anterior pedía que como mínimo el 51% de las acciones o de los votos perteneciera a dueños radicados fiscalmente en Argentina. Los bienes, en tanto, deberán seguir cumpliendo los criterios de origen nacional del Acuerdo de Complementación Económica N.° 18 del Mercosur.
El compromiso de destinar como mínimo 20% de la inversión en bienes y obras a proveedores locales, siempre que haya oferta en condiciones de mercado, no cambia. Lo que se amplía es el universo de empresas que pueden computarse dentro de ese porcentaje.
El decreto también aclara que terceros pueden comprar acciones de un Vehículo de Proyecto Único (VPU) adherido sin alterar sus beneficios, aunque esas compras no cuentan como inversión computable. Además, fija un procedimiento para ceder participaciones o sumar miembros en uniones transitorias, con aviso a la autoridad de aplicación dentro de 15 días y un plazo de 30 días para observaciones, y permite a las sucursales dedicadas reorganizarse como sociedades anónimas sin perder su fecha de adhesión.
En San Juan, donde se concentran grandes proyectos de cobre, cámaras de proveedores pidieron resguardar la participación de las empresas locales. El ministro de Minería provincial, Juan Pablo Perea, sostuvo que el decreto no altera la Ley 2827-M, cuyas metas son que 80% de la mano de obra sea de San Juan y que 60% de las compras se hagan a proveedores inscritos en el registro provincial.
Para los proyectos de cobre, litio, oro y plata que ya están en el RIGI o buscan ingresar, la medida amplía la base de contratistas computables en una etapa de fuerte demanda de servicios, construcción e ingeniería.

