El Gobierno de Sheinbaum toma control de 1,126 concesiones para blindar la soberanía y las áreas protegidas
El Gobierno de México ha ejecutado un movimiento sísmico en el sector extractivo este 12 de febrero de 2026, al anunciar la recuperación de 1,126 concesiones mineras. La noticia es tendencia absoluta porque esta medida, presentada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, devuelve al Estado cerca de 900,000 hectáreas (una extensión similar al territorio de Querétaro) que se encontraban en manos de particulares y grandes empresas como Industrias Peñoles y Minera Autlán. Este acto de autoridad marca un hito en la política de la «Cuarta Transformación», priorizando el control público sobre el subsuelo y frenando la explotación en terrenos que no registraban actividad productiva real.
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Lo que resulta impactante para el sector ambiental es que esta recuperación incluye la liberación de 250,000 hectáreas dentro de Áreas Naturales Protegidas. La información es tendencia debido a que el Gobierno ha sido tajante: no se otorgarán nuevos permisos y se buscará que las concesiones inactivas se devuelvan voluntariamente para evitar el acaparamiento. Este «shock» regulatorio, concentrado en estados clave como Sonora, Durango y Coahuila, busca limpiar el padrón minero nacional de títulos especulativos, garantizando que los recursos estratégicos del país no queden bloqueados por intereses privados que no generan desarrollo ni beneficio social para las comunidades.
El impacto de este anuncio redefine el tablero de los minerales críticos frente a la revisión del T-MEC y las presiones comerciales de Estados Unidos. Para este 2026, la estrategia de Sheinbaum es clara: México no permitirá un extractivismo descontrolado, sino que fortalecerá a organismos públicos como LitioMx para liderar la explotación tecnológica de valores estratégicos. El mensaje al mercado global es de una soberanía infranqueable: el país recupera sus tierras para proteger la biodiversidad y asegurar que cualquier actividad minera futura se realice bajo un estricto escrutinio estatal, poniendo fin a décadas de concesiones automáticas y opacas.
