El Ministerio de Minas advierte riesgos críticos por atentados y crisis financiera en el sistema energético
El panorama energético en Colombia ha entrado en una fase de «alerta máxima» este enero de 2026. El Ministerio de Minas y Energía ha emitido comunicados urgentes denunciando una serie de atentados sistemáticos contra la infraestructura eléctrica, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño. Estos ataques han comprometido la estabilidad del servicio en el suroccidente del país, obligando al Gobierno a activar protocolos de emergencia para evitar apagones regionales. La situación es tendencia nacional porque el Ejecutivo ha tenido que utilizar puentes aéreos y despliegues militares para proteger plantas estratégicas, como la infraestructura de transmisión y generación, que hoy se encuentra bajo asedio.
Lo que resulta verdaderamente impactante es la coincidencia de esta crisis de seguridad con un «riesgo sistémico» financiero que ha llevado a la declaración de una Emergencia Económica en el sector eléctrico. El Gobierno ha oficializado medidas excepcionales para inyectar liquidez a las empresas comercializadoras y generadoras que enfrentan déficits financieros acumulados, agravados por la reciente suspensión de exportaciones de energía a Ecuador. Esta tormenta perfecta es tendencia absoluta porque pone en tela de juicio la capacidad del sistema para soportar el crecimiento de la demanda en 2026, mientras los gremios advierten que, sin una protección efectiva de las redes, el país podría enfrentar racionamientos preventivos en las zonas más vulnerables.
El impacto de esta alerta redefine las prioridades de la política energética colombiana para el cierre de la década. Mientras el Ministerio acelera la transición hacia energías limpias, la realidad de los ataques a la infraestructura obliga a un replanteamiento de la seguridad energética como prioridad de Estado. Para este 2026, la estabilidad del servicio eléctrico no depende solo de la capacidad de generación, sino de la resiliencia física de las torres y subestaciones frente al conflicto interno. El mercado observa con cautela cómo este decreto de emergencia busca blindar el sistema frente a un posible colapso, dejando claro que la infraestructura energética es hoy el activo más crítico y amenazado de la nación.
