El Estado recupera fortuna millonaria en barras de oro de origen criminal
En una operación sin precedentes que marca un hito en la lucha contra las economías criminales, el Estado peruano ha logrado incautar y asegurar el traspaso definitivo de un cargamento de oro valorizado en millones de soles. Mediante la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, la Fiscalía logró que barras de oro de altísima pureza, extraídas ilegalmente, pasen a formar parte del patrimonio nacional. Esta medida no solo asesta un golpe financiero letal a las mafias de la minería ilegal, sino que reafirma la soberanía estatal sobre los recursos estratégicos del país, enviando un mensaje claro de «tolerancia cero» ante el tráfico de metales preciosos.
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El operativo, que ya es tendencia en los sectores de seguridad y minería, reveló la sofisticada red de fachada que intentaba exportar el metal hacia destinos como los Emiratos Árabes. Gracias a un trabajo coordinado de inteligencia entre la Sunat y el Ministerio Público, se detectaron inconsistencias críticas en la documentación de origen, lo que permitió inmovilizar el cargamento antes de que abandonara el país. Con el precio del oro en máximos históricos, la recuperación de este activo representa una victoria estratégica que permite inyectar recursos directamente a las arcas públicas para financiar la lucha contra la criminalidad organizada.
Este fenómeno subraya una tendencia creciente en 2026: la minería legal como única vía de sostenibilidad. Mientras el Estado fortalece su brazo fiscalizador, las incautaciones se han convertido en la herramienta más potente para desmantelar la logística de las bandas que operan en regiones fronterizas. La noticia ha causado un fuerte impacto en los mercados de exportación, elevando los estándares de debida diligencia exigidos a las empresas del sector. Perú demuestra así que su riqueza mineral ya no es tierra de nadie, sino un recurso blindado por la ley para el beneficio real de todos los ciudadanos.
