Perú Acelera Formalización Minera a Costa de la Fiscalización Ambiental.
El sector minero peruano experimentó un giro drástico en septiembre con la decisión del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de acelerar, a contrarreloj y bajo presión, el estancado proceso de formalización minera (REINFO). El meollo del problema residía en un colosal embudo burocrático: más de 26,000 expedientes de la pequeña minería y minería artesanal se encontraban paralizados, sin la opinión técnica favorable de entidades ambientales como el ANA, SERNANP y SERFOR. Esta parálisis no solo impedía el avance hacia la legalidad, sino que mantenía a miles de operadores en la informalidad, marcando una crisis regulatoria que el gobierno se propuso resolver con una medida altamente polémica.
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Para destrabar esta situación, el MINEM propuso y ejecutó una solución de choque: permitir que miles de expedientes ambientales (IGAFOM) fueran evaluados de oficio o por silencio administrativo positivo. Esta estrategia, si bien busca cumplir la promesa de formalización antes del 31 de diciembre, es la noticia más impactante y de mayor controversia. Los críticos advierten que esta «vía rápida» sacrifica criterios fundamentales de protección ambiental y social para incluir a mineros en el REINFO, un registro que históricamente ha sido aprovechado por la minería ilegal para operar bajo un manto de aparente legalidad sin cumplir con los estándares mínimos de remediación.
La tendencia en Perú ahora es la de priorizar la velocidad política sobre la solidez regulatoria. A pesar de las presiones de los sectores informales para extender el plazo, el gobierno mantiene inamovible la fecha límite de finalización del REINFO para el cierre de 2025. Este movimiento masivo, con más de 26,000 expedientes en juego, tiene ramificaciones profundas: no solo define la futura estructura de la pequeña minería en el país, sino que también establece un peligroso precedente sobre el compromiso estatal con la fiscalización ambiental, en una nación donde el control de la minería ilegal sigue siendo uno de los mayores desafíos en materia de conflictos y sostenibilidad.
