El Estado Patrocina la Ilegalidad: El REINFO Es Un «Escudo de Impunidad»
La batalla contra la minería ilegal en Perú ha escalado a un punto crítico, con el Ministerio Público y expertos del sector minero señalando con dureza que el actual proceso de formalización, centrado en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), ha fracasado estrepitosamente. Fiscales superiores como Frank Almanza han alertado que el sistema se ha convertido en un «escudo de impunidad», permitiendo que al menos 300.000 mineros ilegales operen bajo una protección legal que los exime de procesos penales y acciones de interdicción. Esta situación ha sido calificada como «un estadio cómodo» para los infractores, quienes explotan oro, el cual, debido a su alto precio récord, atrae incluso a grupos que antes se dedicaban al narcotráfico, moviendo un volumen de dinero siete veces superior.
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El problema de fondo radica en que el proceso de formalización se ha prorrogado continuamente y se ha flexibilizado en exceso, sin que las autoridades competentes, como los Gobiernos Regionales, tengan la capacidad real de fiscalizar. Esto ha generado una burla al sistema: muchos inscritos en el REINFO no están realmente avanzando hacia la formalización, y se estima que decenas de miles de registros están inactivos, usando la inscripción como un simple salvoconducto para evitar ser considerados mineros ilegales. La permisividad del Estado ha tenido consecuencias ambientales devastadoras y costosas.
Lo más alarmante es el pasivo ambiental heredado. Se calcula que la remediación de los pasivos ambientales asociados a las inscripciones no completadas del REINFO podría costarle a Perú más de 25.000 millones de dólares, una cifra equivalente a la tercera parte de las reservas internacionales del país. Mientras tanto, el Congreso peruano debate la derogación de las normas que otorgan estas exoneraciones penales para poner fin a la «intocabilidad» de los mineros que se escudan en el registro. La Fiscalía exige el cese de las prórrogas y la creación de un nuevo mecanismo de formalización estricto, pues la situación actual no solo es un desastre ambiental, sino que está socavando la capacidad del Estado para imponer la ley.
