Apelación Histórica en Nueva York Busca Anular o Reducir la Condena de US$16,100 Millones: Un Caso de Soberanía y Riesgo Global.
Argentina está enfrascada en una batalla legal de proporciones épicas en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos, buscando desesperadamente revertir el fallo que la condena a pagar más de US$16,100 millones a accionistas, encabezados por el fondo de litigio Burford Capital, por la expropiación de YPF en 2012. Este juicio, considerado el más grande que enfrenta un Estado soberano en el exterior, tuvo una audiencia clave en Nueva York, donde el país sudamericano defendió con vehemencia la tesis de que los tribunales estadounidenses no deberían tener jurisdicción sobre un caso que, según su argumento, está regido por la ley argentina y que los demandantes adquirieron sus derechos sabiendo de antemano el riesgo.
La trascendencia de esta apelación ha generado una tendencia de incertidumbre que trasciende la industria petrolera y las fronteras. De hecho, el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, respaldó la postura argentina como «amigo de la corte» (amicus curiae), advirtiendo sobre los riesgos legales y diplomáticos que implica una aplicación incorrecta de los principios de inmunidad soberana extranjera. Además, el mercado reaccionó al proceso: las acciones de Burford Capital sufrieron una caída en Londres después de la audiencia, un indicio de que los inversores interpretaron los cuestionamientos de los jueces de Apelaciones como potencialmente favorables a la posición argentina, lo que sería un respiro monumental para las finanzas del país.
El futuro inmediato de Argentina depende en gran medida de esta sentencia, que se espera a mediados de 2026. Aunque la Corte de Apelaciones suspendió la orden de primera instancia que obligaba al Estado a entregar las acciones del 51% de YPF como pago, el riesgo de ejecución y el pago de intereses (estimados en unos US$2.5 millones diarios) mantienen la presión. Argentina busca anular el fallo o reducir drásticamente el monto, argumentando que la condena es jurídicamente insostenible y que Burford busca interferir deliberadamente en la estabilidad económica de la República. La última esperanza reside en que la Corte de Apelaciones o, en última instancia, la Corte Suprema de EE. UU., reconozcan los argumentos de soberanía argentina.
