Subtítulo First Quantum Retira Demanda de $20,000 Millones: El Diálogo es la Única Salida para la Mina Cobre Panamá.
El conflicto por la mina Cobre Panamá, que paralizó una de las operaciones de cobre más grandes del mundo y sumió al país en una crisis económica y social, ha tomado un giro definitivo y de alto impacto. First Quantum Minerals (FQM), la matriz canadiense, ha cedido a la presión del Estado panameño y ha desistido de sus multimillonarias demandas de arbitraje internacional. La empresa se vio obligada a retirar los procedimientos ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y suspender la notificación de arbitraje bajo el TLC Canadá-Panamá, donde solicitaba una compensación de hasta US$20,000 millones por el cierre. Esta rendición legal abre la única vía posible para la minera: el diálogo con el gobierno de Panamá para definir el futuro del yacimiento, tras el fallo de inconstitucionalidad del contrato.
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El impacto del cierre, ordenado por el gobierno en noviembre de 2023, ha sido catastrófico para la economía panameña, siendo un tema de tendencia global sobre el riesgo geopolítico en la minería. Cobre Panamá representaba aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y se estima que su inactividad generó pérdidas superiores a los US$1,700 millones solo en 2024. Además, más de 40,000 empleos directos e indirectos fueron afectados. El concentrado de cobre inactivo en la mina y la drástica caída en los ingresos fiscales del Estado subrayan la extrema dependencia del país de esta operación, haciendo que el destino de la mina sea una prioridad nacional.
Con el arbitraje fuera de la mesa, la atención se centra ahora en el riguroso plan de cierre seguro y transparente que exige la sociedad civil panameña y el gobierno. Aunque First Quantum reitera su compromiso con el diálogo y busca ser parte de una solución, el nuevo escenario impone condiciones firmes, incluyendo una auditoría integral a la concesión. El principal desafío es garantizar la estabilidad ambiental, particularmente en el manejo de los relaves, y apoyar a las comunidades afectadas para construir economías alternativas sostenibles. El futuro es incierto, pero la puerta al litigio está cerrada, obligando a ambas partes a negociar bajo una nueva realidad de soberanía y responsabilidad ambiental.
