Argentina Rompe la Inercia con $80,000 Millones en la Mira para Litio y Cobre.
Argentina está al borde de un cambio de paradigma en su política de inversiones, impulsado por la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y la inevitable revisión de la Ley de Inversiones Mineras (Ley 24.196). La nueva normativa busca despertar un gigante dormido: Argentina posee una de las mayores reservas de minerales del mundo, pero su participación global es marginal debido a la alta presión fiscal, la incertidumbre jurídica y un esquema de regalías poco competitivo. El RIGI está diseñado para atraer US$ 80,000 millones en proyectos estratégicos, con un enfoque particular en el cobre y el litio, metales esenciales para la transición energética mundial.
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El principal punto de inflexión del debate se centra en el Artículo 22 de la vieja ley de minería, que fija un tope de regalías del 3% sobre el valor «boca mina». Este modelo ha sido fuertemente criticado por ser regresivo y desincentivar la inversión, ya que no considera la rentabilidad ni los costos operativos de los proyectos. La nueva Ley de Bases, que incluye el RIGI, abrió una «competencia virtuosa» entre las provincias al permitirles, mediante su adhesión, modificar o mantener este status quo. Esto es crucial, ya que el dominio de los recursos minerales es provincial y la decisión de cómo estructurar la regalía (por ejemplo, elevar el porcentaje o pasar a un modelo ad valorem más flexible) será un factor determinante para la viabilidad económica de los futuros megaproyectos.
El RIGI ofrece un paquete de beneficios muy atractivo para los grandes inversores, especialmente en el sector minero, que incluyen: reducción del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, estabilidad cambiaria, exenciones arancelarias y, lo que es clave, la libre disponibilidad de divisas de exportación. Estos incentivos son los que los empresarios mineros de Catamarca, Salta y San Juan (provincias líderes en cobre y litio) consideran vitales para destrabar proyectos por más de US$ 20,000 millones en cobre solamente. La apuesta del gobierno es que el RIGI reducirá el riesgo país y mejorará la seguridad jurídica, convirtiendo a Argentina en un polo de atracción de capital extranjero que, hasta ahora, fluía principalmente hacia Chile y Perú.
