Perú Crea Megacomisión para «Destrabar» $54 Mil Millones en Proyectos Mineros
El Gobierno peruano ha dado un paso de alto impacto al anunciar la creación de una Comisión de Alto Nivel para la Simplificación Administrativa en el sector minero, con el objetivo central de «destrabar» proyectos estancados y reactivar la gigantesca cartera de inversiones que supera los 54.556 millones de dólares. Esta medida estratégica es una respuesta directa al excesivo burocratismo y la lentitud en la obtención de permisos, que históricamente han frenado el desarrollo de la minería, un pilar fundamental de la economía nacional. La comisión se enfocará en una reforma profunda que permita agilizar la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA), licencias y autorizaciones, buscando optimizar los plazos y garantizar la viabilidad de futuras operaciones.
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El principal motor detrás de esta iniciativa es el imperativo económico: Perú, segundo mayor productor mundial de cobre, necesita dinamizar su sector minero para impulsar el crecimiento económico y generar recursos para las regiones. Entre los proyectos más urgentes que el gobierno busca desbloquear se encuentran iniciativas de gran envergadura como la Ampliación Antamina, Zafranal, San Gabriel, y el polémico proyecto Tía María (este último con una inversión de 1.400 millones de dólares). La simplificación administrativa no solo busca la eficiencia, sino también mejorar la posición del Perú como destino de inversión minera, que, según algunos informes, se ha visto eclipsada por la complejidad regulatoria en comparación con otros países.
Sin embargo, el camino hacia la simplificación no está exento de desafíos críticos. Mientras el Ejecutivo se enfoca en la «tramitología» para la gran minería, la mesa de diálogo continúa con el reto de formalizar a miles de pequeños y medianos mineros, un proceso que también exige una simplificación administrativa urgente y un marco legal de consenso. Además, cualquier intento de acelerar permisos, especialmente los ambientales, corre el riesgo de exacerbar la ya alta conflictividad social en las zonas de influencia minera. La gran tarea de esta Comisión de Alto Nivel será demostrar que es posible encontrar un equilibrio entre la velocidad de la inversión, la protección ambiental rigurosa y el diálogo respetuoso con las comunidades, para evitar que el «destrabe» administrativo se convierta en una nueva fuente de tensión social.
