Perú Bajo la Amenaza: Más de 6,000 Pasivos Ambientales Nocivos Generan Conflictos
Perú, potencia mundial en la producción de cobre y oro, enfrenta una crisis ambiental y social de proporciones críticas: la existencia de más de 6,000 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) de alto riesgo a lo largo de su territorio. Estos relaves, escombreras y minas abandonadas, acumulados por décadas de operaciones sin cierre responsable, representan una amenaza latente y nociva para el agua, el suelo y la salud de las comunidades cercanas. La cifra, constantemente actualizada, refleja la ineficacia histórica del Estado para obligar a las empresas responsables a remediar el daño, poniendo en jaque el discurso de sostenibilidad de la minería formal e impulsando la conflictividad social en regiones vitales como Pasco, Apurímac y el sur andino.
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La urgencia del tema se intensifica por la expansión descontrolada de la minería ilegal e informal, la cual opera en zonas prohibidas, utiliza mercurio sin control y está ligada al crimen organizado, la deforestación (especialmente en la Amazonía, como Loreto y Madre de Dios) y el narcotráfico. Este fenómeno no solo contamina ríos vitales como el Nanay (donde se han reportado más de 45 dragas activas) sino que también pone en riesgo el patrimonio cultural, como las Líneas de Nazca. La magnitud del problema es tal que se estima que la minería informal e ilegal involucra a cerca de 500,000 personas y genera una economía subterránea que supera la capacidad de combate de las autoridades, con presupuestos insuficientes y una débil presencia estatal.
El camino hacia una minería sostenible exige medidas decisivas que trascienden la simple producción. La clave para la estabilidad y el crecimiento futuro de la industria formal reside en la gobernanza ambiental y social. Es imperativo que el Estado peruano priorice y acelere los planes de remediación de los miles de pasivos mineros, al tiempo que implementa una estrategia frontal y multidisciplinaria contra la minería ilegal. Solo resolviendo la deuda ambiental histórica y garantizando la protección de los recursos naturales y la salud de las poblaciones (muchas ya afectadas por metales pesados, como en Cerro de Pasco), el país podrá aprovechar su potencial minero de miles de millones de dólares sin comprometer su desarrollo a largo plazo.
