Perú, El Tesoro de la Transición Energética Global, Frena su Propio Despegue
El sector minero peruano se encuentra ante una ventana de oportunidad geopolítica única, impulsada por la creciente demanda de minerales críticos como el cobre, el litio y el zinc, esenciales para la electromovilidad y las energías renovables. El mundo necesita los metales que Perú tiene en abundancia. Esta coyuntura ha revivido el interés por la inversión, con proyecciones que colocan al país como un potencial proveedor de hasta 11 de los 17 minerales identificados como clave para la descarbonización global. El mensaje es claro: la minería responsable se está posicionando no solo como el motor económico de Perú, sino como un socio indispensable para cumplir los objetivos climáticos internacionales.
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La magnitud del potencial se ve opacada, sin embargo, por una doble amenaza interna que frena el despegue. En primer lugar, la minería ilegal ha escalado hasta convertirse en una actividad de crimen organizado que depreda ecosistemas, genera conflictividad social y compite deslealmente con el sector formal. Este flagelo, impulsado por los altos precios del oro, desvía miles de millones en impuestos y daña la imagen del país. En segundo lugar, la burocracia endémica y la ineficiencia regulatoria impiden que los grandes proyectos de inversión, valorados en miles de millones de dólares, avancen a la velocidad que exige el mercado global, manteniendo una cartera de proyectos «dormidos».
Ante este panorama, la tendencia en la discusión es la necesidad urgente de una estrategia de «shock» de carácter dual. Por un lado, una intervención radical en la simplificación administrativa para agilizar los permisos y atraer efectivamente la inversión que busca Perú. Por otro lado, una ofensiva estatal firme y articulada para combatir la minería ilegal con recursos adecuados y la inteligencia necesaria, separando claramente la formalización de la pequeña minería del combate al crimen organizado. La conclusión de los expertos es contundente: Perú debe priorizar la interconexión y la articulación de su potencial geológico con políticas públicas eficaces para asegurar que su riqueza se traduzca en desarrollo territorial real y sostenible.
