Minería Ilegal es un Narco-Estado: Experto revela 21 delitos asociados que la convierten en la mayor amenaza de crimen organizado.
La minería ilegal en Perú ha dejado de ser un problema ambiental o de informalidad para convertirse en una amenaza de crimen organizado de proporciones «muy altas», generando un impactante catálogo de 21 tipos penales y 52 manifestaciones delictivas a nivel nacional. Esta cifra, que está marcando la tendencia en los análisis de seguridad, proviene de estudios criminológicos y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y confirma que la actividad ilícita va mucho más allá de la simple extracción de oro. Se trata de una compleja red que mueve alrededor de US$3.000 millones anuales, una economía paralela que socava la institucionalidad del Estado y pone en jaque la democracia en las regiones.
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El impacto es devastador y multidimensional. En el ámbito social, la minería ilegal es el motor de delitos conexos como la trata de personas (explotación sexual y laboral, incluyendo trabajo infantil), la extorsión a empresas formales y proveedores, y el sicariato para invadir concesiones, como ocurre en regiones críticas como La Libertad y Madre de Dios. En lo económico, la UIF ha calificado a la minería ilegal como la mayor amenaza de riesgo de lavado de activos del país, con miles de operaciones sospechosas registradas. La falta de un enfoque integral ha permitido que estos grupos criminales armados operen con impunidad, incluso llegando a disparar a la policía y al personal de las autoridades.
Esta situación demanda una respuesta estratégica y contundente por parte del Estado. Los 21 tipos penales asociados —que incluyen desde el tráfico de insumos químicos (como el mercurio) y maquinaria hasta delitos contra el patrimonio cultural y la tranquilidad pública— demuestran que el objetivo de la minería ilegal es la consolidación de un poder territorial basado en la violencia y el dinero ilícito. La lucha no es solo contra un proceso extractivo, sino contra una estructura que opera como un verdadero narco-estado dentro del país, amenazando directamente a las comunidades, a los defensores ambientales y, de forma prioritaria, a las pequeñas y medianas empresas mineras formales que son su blanco más vulnerable.
