La Seguridad Energética de Colombia pende de un hilo: Riesgo inminente de racionamiento de gas y alza de tarifas.
Colombia se encuentra al borde de una crisis energética inminente, una noticia que ha encendido las alarmas en todo el continente y es de máxima tendencia. Los gremios del sector han pasado de la advertencia a la declaración de una dura realidad: el país enfrenta un desabastecimiento crítico de gas natural y un riesgo latente de racionamiento de energía eléctrica para los próximos años. La raíz del problema es una disminución sistemática de las reservas de gas desde hace más de una década, agravada por una dramática caída del 42% en la inversión en exploración de hidrocarburos entre 2022 y 2025. Sin nuevas reservas y con la producción de gas en su nivel más bajo en una década, el horizonte de autosuficiencia se ha reducido a solo 5.9 años, proyectando un déficit de abastecimiento del 50% para el 2030.
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Este déficit tiene consecuencias económicas devastadoras y directas para el ciudadano común y la industria. Se prevé que las facturas de gas para hogares e industrias podrían dispararse entre un 12% y un 46% en los próximos años, afectando directamente la competitividad empresarial y el bolsillo de los colombianos. La situación se complica porque Colombia, cuya matriz energética depende en gran medida de las hidroeléctricas, también está siendo golpeada por la fragilidad climática, con niveles de embalses peligrosamente bajos (inferiores al 30% en regiones clave). La falta de lluvias, sumada a la insuficiencia de proyectos alternativos a tiempo, intensifica el riesgo de apagones y la dependencia de costosas importaciones de gas, que en 2024 ya crecieron un 163.5%.
Los expertos y gremios, como Naturgas y Acolgen, coinciden en que esta no es una crisis inevitable, sino la consecuencia de decisiones políticas que han priorizado una «transición energética» percibida como una sustitución precipitada, en lugar de una complementariedad gradual. Para mitigar el desastre y evitar que la transición se convierta en un «salto al vacío», se urge al Gobierno a superar los sesgos ideológicos y tomar medidas pragmáticas: impulsar la producción nacional de gas, desarrollar proyectos estratégicos offshore en el Caribe y garantizar un marco regulatorio estable que reactive la inversión. La seguridad energética de Colombia no es solo una cuestión de geopolítica, sino una clave para detener el aumento de la pobreza y la desigualdad que hoy sufren más de 8 millones de personas con pobreza energética.
