Con proyectos de cobre de clase mundial, Argentina podría estar entre los 10 mayores productores globales, pero enfrenta un enorme reto en infraestructura para convertir ese potencial en realidad.
Argentina posee un vasto potencial para convertirse en uno de los 10 principales productores de cobre del mundo, con proyectos de clase mundial que podrían transformar su matriz económica. Sin embargo, este ambicioso objetivo choca con serias limitaciones de infraestructura. La falta de caminos, redes eléctricas de alta tensión y ferrocarriles adecuados representa un obstáculo significativo, ya que la mayoría de los yacimientos se encuentran en la cordillera de los Andes, en zonas de difícil acceso. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), señaló que, aunque el Estado no financie directamente las obras, tiene la responsabilidad de viabilizar los proyectos mediante una estrategia clara.
En el contexto de la nueva administración, la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca atraer capitales para obras de más de US$200 millones. Sin embargo, el ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei ha generado tensiones al frenar el mantenimiento de rutas esenciales para la minería y la agroindustria. Los gobernadores, como Gustavo Sáenz de Salta, han reclamado al gobierno nacional por la falta de inversión en conectividad, acueductos y gasoductos, advirtiendo que, sin estas obras, el país seguirá siendo un simple poseedor de minerales y no un verdadero país minero.
A pesar de los desafíos, el potencial es innegable. Si los principales proyectos de cobre, como Josemaría y Filo del Sol, alcanzan su plena capacidad, la producción anual podría llegar a 521,000 toneladas para 2030. Esto generaría exportaciones por hasta US11,200 millones en El sector minero argentino clama por reglas de juego claras, seguridad jurídica y acuerdos público-privados que permitan finalmente convertir su gran potencial geológico en un pilar económico sólido.
