El gobierno intensifica su control sobre el sector minero, pero persisten dudas sobre la gestión.
El gobierno de Malí ha anunciado la recuperación de las minas de oro de Yatela y Morila, abandonadas previamente por operadores extranjeros. Este es un paso importante en la estrategia del país para controlar sus recursos naturales, aunque aún no está claro cómo se financiarán y operarán estas reservas no explotadas. Esta nacionalización es parte de una ofensiva más amplia del gobierno militar, que ha aumentado la presión sobre las compañías mineras extranjeras mediante impuestos más altos, revisiones de contratos y un endurecimiento regulatorio, lo que ha llevado a un distanciamiento de los inversionistas occidentales y un acercamiento a Rusia.
Malí, el segundo mayor productor de oro en África con aproximadamente 65 toneladas anuales, busca capitalizar los altos precios del metal para revitalizar su economía. Sin embargo, la reactivación de minas abandonadas presenta desafíos técnicos y financieros considerables, especialmente en un contexto de incertidumbre sobre la futura gestión y financiación de estos proyectos. Yatela fue cerrada en 2016 por AngloGold Ashanti e IAMGOLD, mientras que Morila fue abandonada en 2022 por la australiana Firefinch. Ambas minas serán operadas ahora por la recién creada Sociedad para la Investigación y Explotación de Recursos Minerales de Malí (SEMOS), aunque su estructura operativa detallada aún no ha sido especificada.
Paralelamente, Malí ha intensificado su ofensiva minera con la toma del complejo Loulo-Gounkoto de Barrick, tras una prolongada disputa fiscal. Esta acción marca una escalada significativa en el esfuerzo del Estado por consolidar su control sobre el vital sector aurífero. Si bien estas medidas buscan maximizar el beneficio nacional de los recursos, plantean importantes interrogantes sobre la capacidad del país para gestionar eficazmente estos complejos activos a largo plazo y mantener un entorno atractivo para futuras inversiones.
