Cochilco proyecta una reducción del 36% en el uso de agua dulce para 2034, duplicando el consumo de agua de mar.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) ha presentado un estudio que revela un cambio estructural en la matriz hídrica de la minería del cobre en Chile. Para 2034, se proyecta que la demanda total de agua alcance los 22.1 m³/s, con un crecimiento anual promedio del 1.5%. Lo más relevante es que el 66% de esta demanda provendrá del mar, evidenciando una clara priorización de fuentes no convencionales sobre el agua continental. Este giro es impulsado por la transición hacia la explotación de minerales sulfurados, que requieren mayor volumen de agua para su procesamiento, y por la baja en las leyes del mineral, lo que obliga a procesar más material para obtener la misma cantidad de cobre fino.
El informe de Cochilco destaca una reducción significativa del 36.7% en el uso de agua dulce para 2034, en comparación con 2023. En contraste, el uso de agua de mar se disparará en un impresionante 113.2%, llegando a 14.5 m³/s. Las proyecciones regionales también son reveladoras: el consumo de agua continental caerá drásticamente en Tarapacá (57%), Antofagasta (25%), Coquimbo (80%), Valparaíso (40%), Región Metropolitana (100%) y O’Higgins (18%). De la demanda total proyectada, el 58.7% corresponderá a operaciones ya en marcha, mientras que una proporción considerable (más del 40%) será cubierta por proyectos en ejecución, factibilidad y prefactibilidad.
Actualmente, Chile cuenta con 24 plantas desaladoras industriales, con una capacidad instalada de 10.5 m³/s, de las cuales el 85% pertenece al sector minero. Se proyecta la construcción de 41 nuevos proyectos con una inversión estimada de US$22,159 millones, capaces de manejar más de 45 m³/s, y se espera un aumento en la participación de plantas multipropósito y desaladoras estatales para beneficiar también a sectores como el agrícola. Si bien el sector minero valora estos avances, también se advierte sobre los desafíos persistentes, como la necesidad de fortalecer la inversión en infraestructura hídrica, simplificar su tramitación y reducir los altos costos energéticos asociados a la desalinización.
