Gobierno busca recaudar US$ 229 millones anuales para fiscalización y reabrir el catastro minero.
El Gobierno de Ecuador ha implementado una nueva Tasa de Fiscalización Minera con la proyección de recaudar anualmente unos US$ 229 millones. Esta iniciativa busca reforzar el control técnico y ambiental en el sector minero, así como optimizar el uso de recursos públicos y promover la transparencia. Según la portavoz Carolina Jaramillo, la tasa se aplicará a todos los regímenes mineros, exceptuando la minería artesanal, asegurando así un control más estricto sobre las operaciones de mayor escala en el país.
Los fondos obtenidos de esta nueva tasa se destinarán de manera exclusiva a actividades de vigilancia, fiscalización y control ambiental, un paso clave hacia una minería más responsable. En paralelo, el Ejecutivo reabrirá el Catastro Minero, que había permanecido cerrado desde 2018. Este proceso comenzará el 16 de junio con proyectos de pequeña minería no metálica y se llevará a cabo de forma progresiva hasta finales de año, con el objetivo de garantizar la transparencia y la sostenibilidad operativa en todo el proceso. Esta decisión responde a una demanda histórica del sector privado, que ha señalado cómo el cierre del catastro ha frenado tanto las inversiones como la creación de empleo.
El gobierno de Daniel Noboa espera que estas medidas no solo reactiven el interés nacional e internacional en el sector extractivo, que es crucial para aumentar los ingresos fiscales y generar divisas, sino que también contribuyan a sanear las finanzas públicas. Complementariamente, se han anunciado auditorías integrales a Petroecuador, CELEC y CNEL por parte de firmas internacionales. Además, se ajustarán las tarifas eléctricas para los consumidores industriales y se eliminará el subsidio al diésel para el sector atunero industrial, compensándolo con líneas de crédito, todo ello en un esfuerzo por consolidar un Estado más eficiente y ambientalmente responsable.
