Gobierno suspende toda actividad por 30 días en respuesta a la minería ilegal.
El gobierno peruano ha decretado la suspensión total de todas las actividades mineras, tanto formales como informales, durante un periodo de 30 días en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, en la provincia de Pataz, La Libertad. Esta drástica medida, anunciada por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, y adoptada en Consejo de Ministros por «razones de orden superior», busca recuperar el control estatal ante la creciente inseguridad y los conflictos generados por la minería ilegal en la región, con la posibilidad de prórroga según la evolución de la situación. Sin embargo, la norma legal que formaliza esta suspensión aún no ha sido publicada.
La decisión ha generado críticas por parte de expertos y actores del sector. Se cuestiona la equidad de paralizar a las empresas formales, que cumplen con la ley y son víctimas de la delincuencia, equiparándolas con las operaciones ilegales que son la raíz del problema. Se argumenta que la trazabilidad del oro no es un problema en el sector formal y que las autoridades tienen identificadas las bocaminas informales e ilegales donde operan las bandas criminales. Además, se advierte sobre lo absurdo y contraproducente de paralizar incluso a las empresas que colaboran con la logística para la presencia policial y militar en la zona.
En paralelo a esta suspensión, el ministro Montero anunció la eliminación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para dar paso a un nuevo modelo de formalización de la pequeña minería, basado en incentivos financieros, comerciales, tributarios y asistencia técnica. Esta reforma se complementará con la aprobación de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), actualmente en discusión en el Congreso, y la creación de una mesa de diálogo multisectorial con la sociedad civil de la provincia, buscando una estrategia integral para abordar la problemática de la minería ilegal y promover el desarrollo sostenible en la región.
