Respuesta del gobierno ante la violencia minera ilegal
Tras el atentado en Pataz que resultó en la muerte de 13 mineros, la presidenta Dina Boluarte anunció la instalación de una base militar permanente en la zona. Esta medida, solicitada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), busca frenar el avance de la criminalidad vinculada a la minería ilegal. El gobierno central también implementará un toque de queda y enviará un proyecto de ley al Congreso para obtener facultades legislativas en temas de terrorismo urbano y seguridad interna.
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Las bases militares en Perú son instalaciones estratégicas diseñadas para operar en áreas de difícil acceso, como regiones andinas o selváticas, donde se concentran amenazas como el narcotráfico, el terrorismo y la minería ilegal. Estas bases, que albergan unidades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, cuentan con infraestructura especializada y también desarrollan acciones cívicas y programas de apoyo a la población local.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y el alcalde provincial de Pataz, Carlos Mariños, han solicitado que se replique en Pataz el modelo de base militar implementado en el VRAEM (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro). Esta petición subraya la necesidad de una presencia militar fuerte y permanente para combatir la violencia y la ilegalidad en la zona.
