Gobierno responde con mano dura tras masacre minera: Toque de queda, control militar y purga de mineros ilegales.
En respuesta al horrendo asesinato de trece trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, el gobierno peruano ha implementado medidas drásticas para restablecer el orden y combatir la creciente influencia de la minería ilegal. La presidenta Dina Boluarte anunció la imposición de un toque de queda nocturno en todo el distrito, el despliegue total de las Fuerzas Armadas en la zona de la minera Poderosa y la instalación de una base militar permanente. Estas acciones buscan frenar la violencia desenfrenada y recuperar el control de un territorio asediado por economías ilícitas.
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Una de las decisiones más significativas es la suspensión total de la actividad minera en Pataz por un periodo inicial de 30 días, con la posibilidad de prórroga. Durante este lapso, se llevará a cabo la exclusión de todos los registros mineros informales (Reinfo) que se encuentren suspendidos, en un intento por depurar el sector y erradicar las operaciones ilegales que sirven de caldo de cultivo para la criminalidad. Asimismo, el Ejecutivo solicitará facultades legislativas para fortalecer la lucha contra el terrorismo urbano, ampliando su capacidad de respuesta ante la compleja situación.
En un tono enérgico, la presidenta Boluarte defendió la actuación de su gobierno desde el inicio de las alertas sobre la desaparición de los mineros y señaló directamente al Ministerio Público por la liberación previa del principal sospechoso del crimen. Además de las medidas de seguridad, se ha prometido atención psicológica y apoyo social para las familias de las víctimas. Este conjunto de acciones refleja la urgencia de abordar la grave problemática de la minería ilegal y las redes criminales que amenazan la seguridad y la estabilidad en diversas regiones del país.
