En un momento crítico para la minería peruana, Gustavo De Vinatea, el nuevo gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), ha expresado su preocupación respecto a la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE. En una conversación con Rumbo Minero, De Vinatea enfatizó la necesidad urgente de que esta legislación, promovida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), no sea desnaturalizada en el Congreso. La ley, que aspira a eliminar el Reinfo y agilizar la formalización de mineros, representa un paso vital para regular el sector y disminuir las exportaciones de minería ilegal que este año alcanzan los cuatro mil millones de dólares.
El contexto que rodea la minería ilegal en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, superando incluso al narcotráfico en términos de generación de ingresos. De Vinatea indicó que esta actividad ilícita está alimentada por bandas delincuenciales, lo que ha exacerbado problemas de seguridad y violencia en diversas regiones del país. “Esperemos que la nueva ley MAPE no sufra modificaciones drásticas en el Congreso”, advirtió, resaltando la necesidad de un marco regulatorio efectivo que permita a los pequeños mineros regularizar su situación y contribuir a la economía formal.
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Por otro lado, De Vinatea aplaudió la reciente iniciativa del ministro Rómulo Mucho acerca de la creación de una Política Nacional Multisectorial al 2050, describiéndola como una estrategia fundamental para la viabilidad de la minería en el Perú. Con su amplia experiencia en asesoramiento gubernamental, destacó que un enfoque colaborativo entre todos los sectores es crucial para impulsar proyectos que beneficien al país. «La minería ofrece una oportunidad invaluable para el desarrollo nacional, especialmente con la creciente demanda de minerales críticos para la transición energética global», añadió, haciendo hincapié en que Perú es un jugador clave en este ámbito.
Finalmente, De Vinatea hizo referencia a proyectos significativos como el de Tía María en Arequipa, que promete impulsar la producción de cobre, uno de los principales metales en la transición energética. Con reservas de cobre entre las más grandes del mundo, Perú se encuentra en una posición privilegiada para capitalizar el aumento sostenido de los precios en el mercado. “Los modelos de colaboración entre el Estado y el sector privado, como se ha visto en Moquegua, deben replicarse en Islay para garantizar un futuro próspero no solo para la minería, sino para comunidades enteras en el Perú”, concluyó.
