Ecuador ha dado un paso significativo hacia la protección de su invaluable biodiversidad al comenzar el proceso de cierre de los pozos petroleros en el bloque 43-ITT, ubicado en la vasta y frágil reserva natural de Yasuní. Esta decisión histórica sigue al apoyo abrumador de los votantes en un referéndum el año pasado, que buscó poner fin a la explotación petrolera en la zona debido a crecientes preocupaciones ambientales. Este movimiento no solo subraya la voluntad de la sociedad ecuatoriana de priorizar la naturaleza sobre el petróleo, sino que también establece un precedente en la lucha por la conservación en la Amazonía.
El Ministerio de Energía de Ecuador anunció el inicio del cierre con el desmantelamiento del pozo Ishpingo B-56, el primero de los 247 pozos en un plan que se espera dure unos cinco años y medio. La tarea no es sencilla; el ministro de Energía, Antonio Goncalves, enfatizó la necesidad de planificación técnica para llevar a cabo este cierre. Este proceso, que ya está en marcha, representa un desafío monumental, considerando que Petroecuador ha estado extrayendo aproximadamente 50,000 barriles diarios en esta región desde 2016, contribuyendo a una producción nacional de crudo que ronda los 480,000 barriles.
Con un costo estimado de más de 1,300 millones de dólares para cerrar la explotación petrolera en el bloque, este esfuerzo requiere no solo recursos financieros, sino también el compromiso de las comunidades locales que viven en la reserva. Las siete comunidades indígenas que habitan en Yasuní dejarán de recibir los fondos legalmente requeridos de Petroecuador, lo que plantea un desafío adicional para garantizar que sus necesidades y derechos sean atendidos en este período de transición. La sostenibilidad y la justicia social deberán ir de la mano para asegurar un cierre verdaderamente exitoso y responsable.
El gobierno ecuatoriano ha proyectado que todos los pozos estarán fuera de operación para diciembre de 2029, aunque la remoción completa de la infraestructura del bloque podría extenderse hasta agosto de 2030. La decisión de cerrar estos pozos es un acto de valentía ecológica, marcando un nuevo capítulo en la historia de la Amazonía ecuatoriana. Este movimiento no solo busca proteger un ecosistema vital, sino también enviar un mensaje claro sobre la importancia de priorizar la vida y la biodiversidad en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la explotación desmedida de recursos naturales.
