En un reciente estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) se destaca que más de una decena de proyectos mineros en el país presentan retrasos de más de 10 años, siendo la tramitología y la conflictividad social los principales obstáculos para su ejecución. Según el análisis, más del 50% de estos proyectos están paralizados por estas razones, generando un impacto significativo en la economía y el empleo.
Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del IPE, resalta que las medidas de formalización en el sector minero no han logrado el éxito esperado en el Perú debido a falta de consistencia en el tiempo. La falta de políticas claras y de trazabilidad ha permitido la operación ilegal bajo un disfraz de legalidad, dificultando el desarrollo de la minería formal en un contexto de precios minerales elevados.
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El estudio identifica acciones similares tomadas por varios países de América del Sur frente a la minería ilegal, concluyendo que las medidas implementadas no han sido eficaces. En este sentido, Fuentes enfatiza la importancia de dinamizar la inversión en proyectos mineros, que podrían aportar significativamente al empleo, la economía y la recaudación fiscal del país. Es crucial abordar la tramitología excesiva y la conflictividad social para impulsar el desarrollo sostenible del sector minero en el Perú.
