Lima, 27 abr (EFE).- El Gobierno de Perú declaró este miércoles el estado de emergencia en las localidades cercanas a la gran mina Las Bambas, productora del 2 % del cobre mundial, en la región sur andina de Apurímac, donde se desarrolla una protesta de comuneros que exigen el cumplimiento de acuerdos suscritos con la empresa china MMG, que suspendió sus operaciones.
La decisión fue publicada por la Presidencia del Consejo de Ministros en el diario oficial El Peruano y comprende a los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, durante un periodo de 30 días, en los que la Policía Nacional asumirá el control con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El estado de emergencia suspende una serie de garantías constitucionales, entre ellas la libre reunión y tránsito, así como la inviolabilidad de domicilio, y se presenta cuando medios locales señalan que la minera ha solicitado el desalojo de comuneros que ocupan terrenos que fueron comprados por la empresa, pero que ellos reclaman que les sean devueltos.
Los comuneros del distrito de Fuerabamba, vecino al asentamiento minero, ingresaron en terrenos de la empresa el pasado 14 de abril, tras denunciar compromisos incumplidos por la empresa desde 2014, cuando vendieron terrenos para las operaciones extractivas.
Ante esta protesta, Las Bambas paralizó sus actividades el pasado 20 abril, en una decisión que según expertos representa la pérdida de unos 5,2 millones de soles diarios (1,4 millones de dólares) para el Estado peruano.
La ocupación se mantuvo a pesar de la presencia en la zona del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, y la minera solicitó apoyo policial para recuperar los terrenos ocupados, luego de que en las últimas horas se informara sobre la ruptura del diálogo.
El diario La República informó que un eventual desalojo estará a cargo de la Región Policial de Apurímac, mientras que desde la región vecina de Cusco ya se envió a 150 agentes de fuerzas especiales.
A su turno, la Defensoría del Pueblo remitió un oficio a la Policía Nacional en el que recomendó garantizar los derechos fundamentales de los comuneros y que se tenga «en cuenta la presencia de mujeres, ancianos en la zona».
Cuando paralizó sus operaciones, la mina Las Bambas señaló que lo hacía «debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad» de sus trabajadores, contratistas y miembros de la comunidad que participan en la protesta.
La empresa también rechazó «los argumentos» de los comuneros y aseguró que se encuentra «sumamente frustrada por las acciones» de fuerza, ya que «ha presentado evidencias de los compromisos cumplidos al Gobierno peruano, para su revisión».
MMG agregó que, a pesar de la situación, «mantiene su compromiso de trabajar» con el Gobierno peruano y la comunidad de Fuerabamba para restablecer «un diálogo transparente y constructivo con el fin de lograr acuerdos duraderos».
Las Bambas fue traspasada en 2014 de la suiza Glencore a MMG por unos 10.000 millones de dólares y se encuentra en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, a 4.000 metros de altitud.
Desde que comenzó a operar en 2016, los vecinos de las comunidades aledañas han bloqueado la ruta de la mina de forma intermitente para protestar, entre otros puntos, por el constante tránsito de camiones que atraviesan la zona para transportar el cobre, lo que genera polvareda cerca de los lugares habitados.
Por ello, exigen el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales, así como el pago de los derechos de servidumbre minera.
También demandan ser consideradas como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera y como área de influencia directa ambiental y social de la misma.
Las Bambas tiene reservas calculadas en 6,9 millones de toneladas de cobre, de las que 452.000 fueron extraídas en 2018, lo que supone un 2 % de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial y un 18,8 % de las 2,4 millones de toneladas que aportó Perú, segundo productor de cobre, plata y zinc en el planeta. EFE
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