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El Estado de Colombia no se salvó de devolverle US$19 millones a la minera Prodeco, filial de la multinacional Glencore, a pesar de que la Contraloría la encontró responsable por torcer procesos de cálculo de regalías. La Agencia de Defensa del Estado, no obstante, ya había salvado a Colombia de pagar US$ 600 millones en el mismo pleito.
US$ 19 millones. Ese es el dinero que, al final, el Estado colombiano deberá pagarle a la multinacional de procesamiento de materias primas Glencore, con sede en Suiza, la cual en 2016 inició un pleito en un tribunal de arbitramento internacional exigiéndole a Colombia alrededor de US$600 millones. En 2019, Colombia se salvó de pagar el 97% de las altas exigencias de la empresa y, no contenta con el triunfo, inició un proceso alterno para, de igual forma, recuperar esos US$ 19 millones. Sin embargo, acaba de perder el pulso.
En contexto: El Estado se salvó de pagarle $2,5 billones a la multinacional Glencore
Según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), un comité ad hoc de anulación relacionado con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI), decidió avalar la decisión del 27 de agosto de 2019, con la cual el Estado colombiano fue condenado a devolverle los US$ 19 millones a Glencore. En esa misma decisión, Colombia se salvó de pagar las exigencias de la multinacional, que llegaban a $2.5 billones en dinero nacional -casi lo mismo que el Estado le asignó a la implementación del Acuerdo de Paz-.
Así las cosas, el Estado deberá devolverle US$19 millones a Glencore, la cual había pagado ese dinero a Colombia a través de la empresa satélite Prodeco, dueña de la mina de carbón Calenturitas (César), la cual fue sancionada en 2016 por la Contraloría porque se encontraron irregularidades en el calculo de regalías. Se trata de las contraprestaciones que pagan las empresas petroleras y mineras por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. Con ese dinero, las gobernaciones, por ejemplo, cuentan para sus proyectos y planes de gobierno.
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“La decisión de solicitar la anulación de laudo se basó en el hecho de que el Tribunal quebrantó de manera grave varias normas de procedimiento al desconocer pruebas relacionadas con las actuaciones engañosas de Glencore – Prodeco para obtener el Otrosí No. 8 en beneficio propio y en detrimento de la Nación”, agregó la Andje. De acuerdo con la Contraloría, gracias a ese Otrosí, Glencore logró pagar por regalías $77.298 millones y no lo previamente pactado: $129.512 millones.
La Andje precisó que, a pesar de reconocer la decisión del comité ad hoc, el mismo tribunal no habría admitido las evidencias sobre el Otrosí No 8. Para la entidad de defensa del Estado, eso implicaría una violación del derecho al debido proceso de Colombia. Prodeco, por su parte, sigue laborando en el país, teniendo presencia en Cesar, Magdalena y Atlántico. De acuerdo con la página web de la filial de Glencore, el grupo ha producido 15 millones de toneladas de carbón y, a corte de 2019, ha entregado más de US$ 206 millones en regalías. También, aseguran, invirtieron US$ 45 millones en medio ambiente.
En contexto: Fiscalía imputó cargos a exdirectivos de Ingeominas por contrato con Prodeco
En la orilla penal, la Fiscalía tiene bajo imputación a dos exdirectivos del antiguo Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), ahora conocido como Agencia Nacional de Minería (ANM). Se trata del exdirector general, Mario Ballesteros, y el exdirector del Servicio Minero, José Fernando Ceballos. De acuerdo con el ente investigador, ambos se habrían interesado indebidamente a favor de Prodeco. Los investigados niegan tales acusaciones.
Según la hipótesis de la Fiscalía, los hechos datan de entre mayo de 2008 y enero de 2010, cuando ambos presuntamente “modificaron las condiciones que regulan el régimen de contraprestaciones económicas que el contratista debía pagar al Estado, generando graves lesiones al erario”. Habrían movido las fichas para que Prodeco, filial de Glencore, pagara menos de regalías. Con las nuevas clausulas, la Fiscalía tiene la certeza de que la minera aumentó su producción de carbón.
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